La administraci\u00f3n p\u00fablica, en tanto que depositaria de los m\u00e1s importantes secretos de nuestras vidas privadas, no puede ignorar el c\u00f3digo fuente (la combinaci\u00f3n de la caja fuerte) de los programas inform\u00e1ticos que guardan los datos de los administrados.<\/p>\n
<\/p>\n
Mientras que el derecho internacional privado, en buena medida por la
\ninfluencia de los sistemas anglosajones, ha elaborado figuras jur\u00eddicas
\nsuficientes como para ordenar (o intentarlo, al menos) la realidad
\nfrondosa creada por las nuevas tecnolog\u00edas de la comunicaci\u00f3n (pienso
\nen las patentes de software, la protecci\u00f3n contra los emails de
\npublicidad no solicitada, los derechos de propiedad sobre las copias o
\nlas normas contra la pirater\u00eda, por ejemplo) el derecho p\u00fablico no ha
\nseguido el mismo camino. Me inclino a pensar que es la incapacidad de
\nlas administraciones p\u00fablicas para imponerse a las modernas y poderosas
\nmultinacionales del sector inform\u00e1tico la que explica esta deserci\u00f3n
\ndel derecho p\u00fablico, tan expansivo por lo com\u00fan, de la burocracia
\ncibern\u00e9tica. Ahora bien, \u00bfy el derecho pol\u00edtico? \u00bfA nadie le extra\u00f1a
\nque Internet, y todo lo que tiene que ver con las llamadas autopistas
\nde la informaci\u00f3n, se nos presente siempre con tanta asepsia pol\u00edtica,
\ncon tanta neutralidad ideol\u00f3gica?, a m\u00ed s\u00ed.<\/p>\n
\nEn este contexto, me pregunto si es posible encontrar un apoyo
\njur\u00eddico-constitucional en Espa\u00f1a para la promoci\u00f3n del software libre
\ncomo expresi\u00f3n de los principios de libertad e igualdad. Mi respuesta
\nes que s\u00ed, que apostar por el software libre es, sobre todo, una
\napuesta constitucional. O dicho de otro modo, que los espa\u00f1oles tenemos
\nuna Constituci\u00f3n pro-software libre. Al menos que la Constituci\u00f3n
\nobliga a la administraci\u00f3n p\u00fablica espa\u00f1ola a preferir el software
\nlibre antes que el propietario, como m\u00ednimo, por las siguientes razones:<\/p>\n
\n1.- La administraci\u00f3n p\u00fablica no puede imponer el uso de una
\ndeterminada marca de software, con sus l\u00f3gicas incompatibilidades
\ncomerciales, a los ciudadanos que se relacionan con ella a trav\u00e9s de
\nInternet.<\/p>\n
\n2.- La administraci\u00f3n p\u00fablica, en tanto que depositaria de los m\u00e1s
\nimportantes secretos de nuestras vidas privadas, no puede ignorar el
\nc\u00f3digo fuente (la combinaci\u00f3n de la caja fuerte) de los programas
\ninform\u00e1ticos que guardan los datos de los administrados.<\/p>\n
\n3.- La administraci\u00f3n p\u00fablica garantiza la efectividad de nuestros
\nderechos y libertades mediante un procedimiento administrativo reglado
\ny que s\u00f3lo se somete a la ley, entendida como expresi\u00f3n de la voluntad
\ngeneral. El software administrativo se inserta en ese procedimiento,
\ncondicion\u00e1ndolo y alter\u00e1ndolo (como cualquiera sabe por propia
\nexperiencia), y, si no es un software escrito para esa administraci\u00f3n
\nconcreta (teniendo en cuenta su legalidad), obliga al procedimiento
\nadministrativo a someterse a las normas del usuario que el fabricante,
\nno la ley espa\u00f1ola, ha decidido imponer a todos los que adquieran el
\nproducto.<\/p>\n
\n4.- Cualquier mejora que los funcionarios desarrollasen para el
\nsoftware administrativo propietario s\u00f3lo podr\u00eda aplicarse si lo
\ndecidiese el fabricante. Y adem\u00e1s, ese fabricante, cobrar\u00eda derechos en
\ntodo el mundo por esa mejora del software escrita por los funcionarios
\nusuarios.<\/p>\n
\nSi la Constituci\u00f3n es la norma suprema que nos hemos dado todos para
\nque todos tengamos nuestro espacio de libertad en el que poder pensar,
\ncrear, expresarnos y relacionarnos en libertad, \u00bfc\u00f3mo podr\u00eda ser que en
\nlas relaciones con la administraci\u00f3n estuvi\u00e9ramos presos de los due\u00f1os
\nde un determinado c\u00f3digo fuente inform\u00e1tico?<\/p>\n
\nCuando, en su art\u00edculo 103, la Constituci\u00f3n habla de que la
\nadministraci\u00f3n persigue el inter\u00e9s general, que est\u00e1 sometida
\nexclusivamente a la ley y que se rige por los principios de
\ndescentralizaci\u00f3n y eficacia, la Carta Magna est\u00e1 m\u00e1s cerca del
\nsoftware libre que de un software desarrollado por una multinacional
\nradicada en Silicon Valley. La Administraci\u00f3n est\u00e1 obligada por la
\nConstituci\u00f3n a ser eficaz. Y ser eficaz significa perseguir sus
\nobjetivos y no entretenerse por el camino, disponer de software propio
\ny no compartirlo con una conservera japonesa o con un estudiante de
\npublicidad lap\u00f3n. El art\u00edculo 3 de la Ley de Procedimiento
\nAdministrativo a\u00f1ade que la Administraci\u00f3n, adem\u00e1s, tiene que ser
\neficiente. Y ser eficiente significa aplicar racionalmente los recursos
\npara conseguir los fines perseguidos. Ser eficiente no es pagar con el
\ndinero de nuestros impuestos el precio que libremente quiera fijarle un
\nempresario al software que dise\u00f1a su empresa y cuyo c\u00f3digo fuente
\noculta al comprador. Si podemos conseguir software gratis, \u00bfpor qu\u00e9
\ntiene que pagarlo la administraci\u00f3n?<\/p>\n
\nNuestros datos est\u00e1n recogidos cada vez en m\u00e1s ficheros. Cada uno de
\nnuestros datos identificativos est\u00e1 en varios ficheros inform\u00e1ticos a
\nla vez. Los archivos m\u00e1s importantes (Hacienda, Sanidad, Educaci\u00f3n\u2026) se
\nencuentran custodiados por la administraci\u00f3n p\u00fablica en entornos
\nseguros. Pero el c\u00f3digo configurador de estos entornos no est\u00e1, al
\nmenos en parte, al alcance de la administraci\u00f3n. La situaci\u00f3n es la
\nsiguiente: quien garantiza la privacidad de esos datos depositados en
\nla administraci\u00f3n no es la propia administraci\u00f3n, no es un poder
\np\u00fablico democr\u00e1ticamente elegido, es un tipo con traje milrayas,
\ntirantes y zapatillas blancas que cambiando una letra de la extensi\u00f3n
\nde un archivo puede hacer inservibles todos los datos o, lo que ser\u00eda
\npeor, dejarlos al alcance de cualquiera.<\/p>\n
\nSi, al contrario de lo que marca la Ley de Procedimiento Administrativo
\nen su art\u00edculo 59, la administraci\u00f3n desconoce el c\u00f3digo en el que se
\nbasa el software que est\u00e1 utilizando, la capacidad que tiene de
\nintroducir modificaciones en funci\u00f3n del inter\u00e9s que persigue es
\nm\u00ednima, por no decir nula. As\u00ed, el procedimiento administrativo
\n-aut\u00e9ntica garant\u00eda de derechos y libertades, como digo- est\u00e1
\ntotalmente condicionado por el software adquirido. Las posibilidades de
\nadaptar el funcionamiento de la administraci\u00f3n a las particularidades
\nling\u00fc\u00edsticas, pol\u00edticas, territoriales\u2026de cada caso, son pr\u00e1cticamente
\ninexistentes, porque lo que impone el software propietario es la
\nhomogeneidad, la identidad de procesos y la estandarizaci\u00f3n de
\nplataformas.<\/p>\n
\nUna administraci\u00f3n con software propietario, ya sea la de Nueva York,
\nLondres o Minglanilla, est\u00e1 condenada a actuar como un agente comercial
\ndel due\u00f1o del software. \u00bfDe verdad queremos eso? \u00bfDe verdad somos tan
\npocos los que en el D\u00eda de Internet y nos acordamos de la Constituci\u00f3n?<\/p>\n
\nEsteban Gonz\u00e1lez Pons. Conseller de Presidencia de la Generalitat
\nValenciana y promotor y ex-Presidente de la Comisi\u00f3n de Internet del
\nSenado<\/p>\n