{"id":9551,"date":"2012-10-29T14:47:23","date_gmt":"2012-10-29T13:47:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ccooservicios.es\/ibercaja\/circulares-sindicales\/inoportunidad-y-desproporcion-en-el-codigo-penal\/"},"modified":"2012-10-29T14:47:23","modified_gmt":"2012-10-29T13:47:23","slug":"inoportunidad-y-desproporcion-en-el-codigo-penal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ccooservicios.es\/ibercaja\/noticias\/inoportunidad-y-desproporcion-en-el-codigo-penal\/","title":{"rendered":"Inoportunidad y desproporci\u00f3n en el c\u00f3digo penal."},"content":{"rendered":"

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El nuevo c\u00f3digo penal erra en la percepci\u00f3n del \u201cdelincuente m\u00e1s peligroso\u201d, desviando el foco de los delitos relacionados con la corrupci\u00f3n pol\u00edtica y la delincuencia econ\u00f3mica, generadores de un gran d\u00e9ficit en las cuentas p\u00fablicas y una amenaza del bienestar social, hacia los que se manifiestan en contra de ellos.<\/p>\n

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Toda reforma de un c\u00f3digo penal deber\u00eda suponer una respuesta a los ataques que ciertos actores le plantean a la sociedad, ofreciendo los instrumentos de defensa legales frente a los elementos m\u00e1s peligrosos que amenazan su paz y bienestar. La reforma del C\u00f3digo Penal emprendida por el gobierno as\u00ed lo plantea expl\u00edcitamente en su encabezamiento: \u201ccrear nuevas figuras y medidas para el tratamiento de los delincuentes m\u00e1s peligrosos\u201d. Sin embargo, esta reforma legal parte de un diagn\u00f3stico equivocado de los problemas de nuestro pa\u00eds, confunde el objetivo al cebarse en los movimientos sociales, se esfuerza en persiguir conductas hoy por hoy muy poco lesivas y olvida aquellas que de verdad est\u00e1n da\u00f1ando al cuerpo social.<\/strong> Por tanto, no contribuye a la soluci\u00f3n de la crisis, sino que, por el contrario, profundiza en los males que la causaron y ayuda poco a solucionar la creciente ruptura de la paz social, principal objetivo de un c\u00f3digo penal. <\/p>\n

La reforma del C\u00f3digo Penal que el gobierno propone, y que aprobar\u00e1 mediante su mayor\u00eda absoluta, seguramente sin el debate parlamentario que lleva evitando reiteradamente desde su constituci\u00f3n, comporta los siguientes \u00e1mbitos de actuaci\u00f3n: la implantaci\u00f3n de la prisi\u00f3n permanente revisable<\/em>, la constituci\u00f3n de la custodia de seguridad<\/em> para casos de penados de alta peligrosidad, la regulaci\u00f3n de la libertad condicional<\/em>, la revisi\u00f3n de los conceptos de faltas, asesinatos y hurto y robo<\/em>, la despenalizaci\u00f3n de la esterilizaci\u00f3n en discapacitados<\/em>, el agravamiento de las penas para los causantes de incendios forestales<\/em> y de especial relevancia a efectos sociales: la revisi\u00f3n de los conceptos de atentado, resistencia y desobediencia<\/em>, as\u00ed como diversas precisiones en los casos de delitos econ\u00f3micos<\/em>.<\/p>\n

No quisi\u00e9ramos fijarnos en los primeros cap\u00edtulos, solamente se\u00f1alar que representan un endurecimiento de las penas en relaci\u00f3n a casos se\u00f1alados de gran impacto social. En cambio es sintom\u00e1tico que uno de los principales objetivos de la reforma sean los sujetos que \u00faltimamente se manifiestan en nuestras calles en general como consecuencia de la crisis econ\u00f3mica. De ahora en adelante ser\u00e1 considerado como atentado<\/em> no s\u00f3lo toda agresi\u00f3n y violencia contra un agente de la autoridad, sino tambi\u00e9n la mera amenaza de esta violencia; la resistencia pasiva<\/em> a la autoridad se mantiene con penas de hasta un a\u00f1o de c\u00e1rcel; se agravan las penas para los casos de alteraci\u00f3n del orden p\u00fablico<\/em> y, por \u00faltimo, se castigar\u00e1 la difusi\u00f3n de mensajes<\/em> que puedan provocar esta alteraci\u00f3n del orden p\u00fablico.<\/p>\n

La implantaci\u00f3n de estas reformas sienta las bases para una criminalizaci\u00f3n de los movimientos sociales que cada vez con mayor presencia se concentran en las calles, agravando las penas e introduciendo mecanismos de subjetividad y de contingencia que presumiblemente conllevar\u00e1n la auto represi\u00f3n de los promotores de protestas.<\/strong> \u00bfQu\u00e9 suceder\u00e1, por ejemplo, cuando una manifestaci\u00f3n pac\u00edfica degenere en alteraci\u00f3n del orden p\u00fablico? \u00bfSer\u00e1n castigados los promotores (difusores de la convocatoria)? \u00bfY si en esa manifestaci\u00f3n se descubre que algunos descontrolados \u201cprofesionales\u201d son los causantes del desorden o que han existido polic\u00edas \u201ccamuflados\u201d que han desestabilizado el orden, bien por haber sido detectada su presencia bien por haber actuado contra las instrucciones de los organizadores? \u00bfC\u00f3mo se demuestra esa responsabilidad? \u00bfNo se entra en situaciones de un peligroso subjetivismo? Aqu\u00ed m\u00e1s que nunca conviene recordar el art\u00edculo 21 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola, sobre el derecho de reuni\u00f3n: \u201c1. Se reconoce el derecho de reuni\u00f3n pac\u00edfica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitar\u00e1 autorizaci\u00f3n previa. 2. En los casos de reuniones en lugares de tr\u00e1nsito p\u00fablico y manifestaciones se dar\u00e1 comunicaci\u00f3n previa a la autoridad, que s\u00f3lo podr\u00e1 prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteraci\u00f3n del orden p\u00fablico, con peligro para personas o bienes.\u201d<\/p>\n

En los \u00faltimos meses las manifestaciones populares se han multiplicado pero, en proporci\u00f3n a su n\u00famero y volumen, los incidentes han sido reducidos y su impacto social insignificante tanto en t\u00e9rminos de da\u00f1os a los bienes p\u00fablicos como a da\u00f1os personales. Por tanto resulta cuanto menos sorprendente que los manifestantes sean objeto preferente de la reforma del c\u00f3digo y por tanto, en referencia a su encabezamiento, considerados por el Estado entre los \u201cdelincuentes m\u00e1s peligrosos\u201d.<\/p>\n

Si el baremo de peligrosidad lo medimos por los da\u00f1os econ\u00f3micos a la sociedad, no cabe duda de que los delitos relacionados con la corrupci\u00f3n pol\u00edtica y la delincuencia econ\u00f3mica se sit\u00faan a la cabeza<\/strong>. La corrupci\u00f3n pol\u00edtica tuvo un papel central en la burbuja inmobiliaria, no como causa directa pero s\u00ed como important\u00edsimo catalizador. La corrupci\u00f3n pol\u00edtica ha tenido y tiene un coste social y econ\u00f3mico para las arcas del Estado que algunos expertos eval\u00faan en un sobrecoste del 10 en el total de los negocios. Sin embargo, este fen\u00f3meno ni siquiera entra en el \u00e1mbito de preocupaci\u00f3n del nuevo C\u00f3digo Penal. Es m\u00e1s, las preocupaciones del gobierno parecen correr en sentido contrario: en los \u00faltimos cuatro meses el gobierno ha indultado a 11 personas relacionadas con casos de corrupci\u00f3n. El caso m\u00e1s llamativo es el de Tom\u00e1s G\u00f3mez Arrabal, alcalde de Valle de Abdalaj\u00eds (M\u00e1laga), condenado a m\u00e1s de diez a\u00f1os por doce casos de prevaricaci\u00f3n. Se le conmuta a dos.<\/p>\n

Los delitos economicos s\u00ed entran en el nuevo articulado, aunque la mayor parte de este se refiere a los delitos relacionados con la ocultaci\u00f3n del patrimonio o con fraudes que imposibiliten la ejecuci\u00f3n de deudas (en la mayor parte a bancos, los principales acreedores, aunque no los \u00fanicos). Otras leyes no suponen una respuesta a la situaci\u00f3n econ\u00f3mica concreta espa\u00f1ola, pues tan s\u00f3lo atienden a las directivas europeas en \u00e1mbitos como la explotaci\u00f3n sexual, pornograf\u00eda infantil, racismo, xenofobia, etc. S\u00f3lo dos cap\u00edtulos atacan ra\u00edces realmente claves de la crisis econ\u00f3mica actual. El primero (en una m\u00ednima parte) posibilita que los administradores concursales fraudulentos sean susceptibles de ser acusados de malversaci\u00f3n y cohecho. El segundo convierte a los administradores desleales de las empresas en malversadores, cambio jur\u00eddico que s\u00ed puede sentar ciertas bases, aunque t\u00edmidas, para una mejor pr\u00e1ctica empresarial.<\/p>\n

Sin embargo, ni rastro de acometer reformas penales fundamentales en referencia a \u00e1mbitos como el fraude fiscal, la creaci\u00f3n de empresas tapadera, persecuci\u00f3n de actividades a trav\u00e9s para\u00edsos fiscales, estafa, apropiaci\u00f3n indebida, fraude contable,<\/strong> etc. No solamente se echa en falta un fortalecimiento institucional de los instrumentos del Estado para luchar contra estas conductas sino que se alimentan con medidas como la \u00faltima amnist\u00eda fiscal instaurada por el Gobierno.<\/p>\n

Por poner un ejemplo del peso de la delincuencia de cuello blanco: el fraude fiscal en Espa\u00f1a se estima, de acuerdo con los datos facilitados por Gestha (sindicato de t\u00e9cnicos de hacienda), en 89.000 millones de euros, la mayor parte llevado a cabo, de acuerdo con esta misma organizaci\u00f3n, por grandes empresas y grandes fortunas. Si se lograse recaudar el cien por cien de esta cantidad, entre otras cosas mediante un deseable agravamiento de las penas a las sociedades o individuos que lo intentaran, se pagar\u00edan todos los intereses que hoy debe el Estado (90.000 millones). Con el 3,4% de esta cantidad se cubrir\u00eda la totalidad del actual recorte del presupuesto en educaci\u00f3n (3.000 millones) y con el 7,9% los recortes en sanidad (7.000 millones). Pero ni una reforma legal en este sentido.<\/p>\n

Esta desproporcionalidad legislativa tiene su paralelo, no pod\u00eda ser de otra manera, en la voluntad de ejecutar dichas leyes. S\u00f3lo un bot\u00f3n de muestra: mientras que la polic\u00eda se preocup\u00f3 de perseguir a los supuestos elementos violentos de la manifestaci\u00f3n del 25-S hasta cuando pretend\u00edan tomar en Atocha el tren de vuelta a sus casas, ni por un momento el gobierno ha pensado en promover acciones legales en la turbia administraci\u00f3n de Bankia, cuyo coste de reflotaci\u00f3n puede suponer m\u00e1s de 30.000 millones de euros para el erario p\u00fablico.<\/p>\n

En definitiva, el gobierno ha errado en la percepci\u00f3n de los \u201cdelincuentes m\u00e1s peligrosos\u201d, aquellos que en realidad han supuesto y suponen un verdadero d\u00e9ficit en las cuentas p\u00fablicas y una amenaza para el bienestar social, y lo ha dirigido en contra de los que se manifiestan contra este estado de cosas, lo cual supone no s\u00f3lo una equivocaci\u00f3n en el diagn\u00f3stico sino una connivencia de hecho hacia aquellos que m\u00e1s le han venido costando al Estado en todos los \u00e1mbitos.  <\/p>\n

Por Ramiro Feijoo para el Observatorio de RSC <\/strong><\/span><\/p>\n

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