{"id":9201,"date":"2011-04-27T12:09:33","date_gmt":"2011-04-27T10:09:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ccooservicios.es\/ibercaja\/circulares-sindicales\/recurso-de-inconstitucionalidad\/"},"modified":"2011-04-27T12:09:33","modified_gmt":"2011-04-27T10:09:33","slug":"recurso-de-inconstitucionalidad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ccooservicios.es\/ibercaja\/noticias\/recurso-de-inconstitucionalidad\/","title":{"rendered":"Recurso de Inconstitucionalidad"},"content":{"rendered":"

Solicitud de interposici\u00f3n de RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD, ante el Tribunal Constitucional, contra el Real Decreto-Ley 2 \/ 2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero.<\/span><\/p>\n

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                    AL DEFENSOR DEL PUEBLO<\/span><\/span><\/span><\/b><\/p>\n

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D. JOSE MARIA MART\u00cdNEZ L\u00d3PEZ, Secretario General de la Federaci\u00f3n de Servicios Financieros y Administrativos de Comisiones Obreras (COMFIACCOO), con domicilio social sito en: Plaza de Cristino Martos, 4-7\u00aa planta  <\/span>(28015-Madrid) <\/p>\n

D. JOS\u00c9 MIGUEL VILLA ANTO\u00d1ANA, Secretario General de la Federaci\u00f3n de <\/span>Servicios de la Uni\u00f3n General de Trabajadores (FES-UGT), con domicilio social <\/span>sito en: Avenida de Am\u00e9rica, 25- 1 y 7\u00aa planta (28002-Madrid)<\/span><\/p>\n

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D. FELIX TORQUEMADA VEGA, Presidente La Confederaci\u00f3n de Sindicatos <\/span>Independientes de Cajas de Ahorros (CSICA), con domicilio social sito en: calle<\/span>Silva, 2-5\u00ba (28013 Madrid) <\/span><\/p>\n

D. GONZALO POSTIGO ZABAY, Presidente de la Confederaci\u00f3n Intersindical<\/span><\/p>\n

de Cajas (CIC), con domicilio social sito en: Calle Rosell\u00f3, 257-4rt (08008<\/span><\/p>\n

Barcelona)<\/span><\/p>\n

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D. CARLOS SUSIAS RODADO, Presidente de la Red Europea de Lucha <\/span><\/p>\n

Contra la Pobreza y la Exclusi\u00f3n Social en el Estado Espa\u00f1ol (EAPN-ES), con <\/span><\/p>\n

domicilio social sito en: Avenida General Villalba, s\/n Pabell\u00f3n 8 (45003 Toledo) <\/p>\n

D. JUAN LARA CREVILLEN, Presidente de la Plataforma de ONG de Acci\u00f3n <\/span>Social (POAS), con domicilio social sito en: Avenida Doctor Federico Rubio y <\/span>Gali, 4 Local (28039 Madrid) <\/p>\n

D\u00ba LUCIANO POYATO ROCA, Presidente de la Plataforma del Voluntariado de <\/span>Espa\u00f1a (PVE), con domicilio social sito en: Calle Las Fuentes, 10-1\u00ba Izquierda<\/span>(28013 Madrid) <\/p>\n

D\u00aa EDNA GIM\u00c9NEZ SU\u00c1REZ, en nombre y representaci\u00f3n de la Coordinadora <\/span>de ONG para el Desarrollo \u2013 Espa\u00f1a con domicilio social sito en: Calle de la <\/span>Reina, 17-3\u00ba (28004 Madrid) <\/p>\n

D\u00aa. OLGA RUIZ LEGIDO, Secretaria General de FACUA \u2013 Consumidores en <\/span>Acci\u00f3n, con domicilio social sito en: Calle B\u00e9cquer, 28 (41002 Sevilla) <\/span><\/p>\n

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D\u00ba. JUAN CARLOS GARCIA MARCOS, Vicepresidente de la Asociaci\u00f3n de<\/span>Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE), con domicilio social sito en: <\/span>Calle Gav\u00edn, 12 (50001 Zaragoza) <\/p>\n

D\u00aa ANA ETCHENIQUE CALVO, Vicepresidenta de la Confederaci\u00f3n de <\/span>Consumidores y Usuarios (CECU), con domicilio social sito en: Calle Mayor, <\/span>5-2\u00ba (28013 Madrid) <\/p>\n

LUIS CAYO P\u00c9REZ BUENO, presidente del Comit\u00e9 Espa\u00f1ol de <\/span>Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) con domicilio social <\/span>sito en: Calle Recoletos, 1-Bajo (28001 Madrid) <\/p>\n

ISABEL \u00c1VILA FERN\u00c1NDEZ-MONGE, presidenta de la Confederaci\u00f3n <\/span>Espa\u00f1ola de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios <\/span>(CEACCU) con domicilio social sito en: San Bernardo, 97-99 \u2013 2\u00baF (28015 <\/span>Madrid) <\/p>\n

Ante esa instituci\u00f3n comparecen y como mejor proceda en derecho <\/p>\n

D I C E N <\/p>\n

Que vienen, mediante el presente escrito, a solicitar de esa instituci\u00f3n, la interposici\u00f3n de RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD, ante el Tribunal Constitucional, contra el Real Decreto-Ley 2 \/ 2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero, publicado en el B.O.E. de fecha de 19 de febrero de 2011, convalidado por el Congreso de los Diputados el 10 de marzo de 2011, ( B.O.E. de fecha de 16 de marzo de 2011 ) para lo que est\u00e1 legitimada conforme a lo establecido en el art\u00edculo 162.1.a) de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola y el art\u00edculo 32 de la Ley Org\u00e1nica 2\/ 979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. <\/p>\n

Que dicha solicitud se formula, en la medida en que las representadas por los que suscriben el presente escrito no tiene legitimaci\u00f3n para interponer el ya citado recurso, teniendo sin embargo un inter\u00e9s leg\u00edtimo y directo con la regulaci\u00f3n legal referida toda vez que su \u00e1mbito de actuaci\u00f3n incluye a los trabajadores y a los impositores de las Cajas de Ahorros, as\u00ed como a consumidores y usuarios de productos y servicios financieros y beneficiarios de la obra social de las Cajas, y por los motivos que a continuaci\u00f3n se exponen : <\/p>\n

En primer lugar, entendemos que el citado Real Decreto-Ley se ha dictado por el gobierno de la naci\u00f3n, con vulneraci\u00f3n del art\u00edculo 86.1 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola, puesto que no se dan en este caso los presupuestos habilitantes para legislar en esta forma, toda vez que no existe en modo alguno ni extraordinaria ni urgente necesidad, por lo que a continuaci\u00f3n apuntamos. <\/p>\n

El marco normativo en el que se mueven las Cajas de Ahorro se hab\u00eda visto modificado ya mediante la entrada en vigor de una sucesi\u00f3n de normas ( Real Decreto-ley 9 \/ 2009, de 26 de junio, sobre reestructuraci\u00f3n bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de cr\u00e9dito, Real Decreto-ley 11\/2010, de 9 de julio, de \u00f3rganos de gobierno y otros aspectos del r\u00e9gimen jur\u00eddico de las Cajas de Ahorros ) en un proceso que ha durado casi dos a\u00f1os, circunstancia \u00e9sta que, por s\u00ed sola niega la existencia de una extraordinaria y urgente necesidad, supuesto esencial para que el gobierno quede habilitado para legislar mediante Real Decreto-Ley. <\/p>\n

Mediante la norma en cuesti\u00f3n, y seg\u00fan se manifiesta expresamente en el pr\u00f3logo que a modo de exposici\u00f3n de motivos contiene la misma se persiguen dos objetivos. Uno de ellos ser\u00eda reforzar el nivel de solvencia de las entidades de cr\u00e9dito espa\u00f1olas mediante un elevado nivel de exigencia con relaci\u00f3n al capital de m\u00e1xima calidad, con objeto de disipar cualquier duda sobre su solvencia. <\/b>El otro objetivo ser\u00eda acelerar la fase final de los procesos de reestructuraci\u00f3n de las entidades de cr\u00e9dito a trav\u00e9s del marco indispensable creado por el Real Decreto-Ley 11\/2010. <\/p>\n

Para dichos objetivos, el ejecutivo entiende que los medios adecuados y que la norma contiene, son, b\u00e1sicamente, el reforzamiento del capital de las entidades del sector financiero y la adaptaci\u00f3n del Fondo de Reestructuraci\u00f3n Ordenada Bancaria (en adelante FROB ), creado a trav\u00e9s del Real Decreto-Ley 9\/2009, de 26 de junio. <\/p>\n

A este respecto, debemos se\u00f1alar que aunque en abstracto, tanto los objetivos como los medios para la consecuci\u00f3n de los mismos que contiene el Real Decreto-Ley 2\/2011 tienen por destinatarios a todas las entidades financieras, sea cual sea su naturaleza jur\u00eddica, lo cierto es que las exigencias de capital principal, las alusiones a la aceleraci\u00f3n de los procesos de reestructuraci\u00f3n, as\u00ed como a la norma reguladora de las modificaciones de \u00f3rganos de gobierno y otros aspectos del r\u00e9gimen jur\u00eddico de las Cajas de Ahorro ( R.D.-Ley 11\/2010 ) y a las modificaciones que produce en la que regula el propio FROB que s\u00f3lo se ha utilizado en la Cajas de Ahorro, evidencian que el nuevo Real Decreto-Ley est\u00e1 destinado fundamentalmente a este tipo de entidades de cr\u00e9dito. <\/p>\n

En resumen, el objetivo del gobierno son las Cajas de Ahorros, constituyendo el Real Decreto-Ley 2 \/2011 una \u201c vuelta m\u00e1s de tuerca \u201c en un proceso legislativo precedido por los otros dos citados en el p\u00e1rrafo anterior que juntos constituyen un todo articulado y bien organizado que no tienen otro objetivo que la eliminaci\u00f3n total del modelo de estas entidades de cr\u00e9dito. Modelo del que hay que decir, que profundamente arraigado a trav\u00e9s de la historia en la sociedad espa\u00f1ola ha jugado y juega un papel fundamental de cohesi\u00f3n social y de potenciaci\u00f3n y desarrollo de la econom\u00eda en general y con un protagonismo especial respecto de las peque\u00f1as y medianas empresas y de los particulares, contribuyendo durante d\u00e9cadas, a trav\u00e9s de su especial atenci\u00f3n a estos colectivos, sin por ello dejar de cumplir con su funci\u00f3n, tambi\u00e9n con los grandes grupos empresariales, al mantenimiento y la creaci\u00f3n de empleo. Todo ello por no hablar de la obra social, caracter\u00edstica que hace \u00fanicas a estas entidades en lo que supone de \u201cdevolver\u201d a la sociedad, una parte de los beneficios obtenidos a trav\u00e9s del negocio financiero. A trav\u00e9s de la obra social se sufragan centenares de actividades que tienen que ver, entre otras muchas, con la lucha contra la pobreza y la exclusi\u00f3n social, con el cuidado de nuestros mayores, con la atenci\u00f3n, formaci\u00f3n e integraci\u00f3n en el mercado laboral de las personas con discapacidad, con proporcionar cuidados socio sanitarios, o con la conservaci\u00f3n de patrimonio hist\u00f3rico y la promoci\u00f3n de la cultura. <\/p>\n

A este respecto cabe decir que los recursos destinados a la obra social ya se estaban viendo mermados como consecuencia de la crisis econ\u00f3mica. En el 2008 dichos recursos ascend\u00edan a 2.058 millones de euros, en el 2009 cayeron hasta 1.775 millones de euros seg\u00fan la Confederaci\u00f3n Espa\u00f1ola de Cajas de Ahorros y las primeras estimaciones apuntan a que en el 2010 el montante ha ca\u00eddo hasta la cifra de 1.400 millones de euros, situ\u00e1ndose en niveles del 2005. Los efectos de las exigencias contenidas en el R.D.-Ley 2\/2011 pueden suponer la desaparici\u00f3n del modelo de las Cajas de Ahorro, con claro detrimento del inter\u00e9s general, al verse pr\u00e1cticamente imposibilitados la mayor parte de los ciudadanos de optar al cr\u00e9dito, al que antes ten\u00edan acceso, precisamente porque se trataba de las Cajas de Ahorro, ya que en muchos casos eran las \u00fanicas entidades financieras que atend\u00edan determinadas situaciones de necesidades de liquidez y en determinadas condiciones, siempre, m\u00e1s favorables que los bancos. Nos encontramos ante lo que ya algunos han denominado la desamortizaci\u00f3n del siglo XXI. <\/p>\n

No se entiende que a trav\u00e9s de la norma de la que mediante el presente escrito <\/span>se pretende la actuaci\u00f3n de esa instituci\u00f3n en pos de su declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad, se establezcan unas exigencias de m\u00ednimos de capital principal que se sit\u00faan en el 8 por ciento con car\u00e1cter general y en el 10 por ciento para aquellas entidades que superen el 20 por ciento de financiaci\u00f3n mayorista y no hayan colocado t\u00edtulos representativos de su capital social en un porcentaje de, al menos, el 20 por ciento, a terceros, ( Art\u00edculo 1 de Real Decreto-ley 2\/2011 ), siendo esta segunda condici\u00f3n especialmente lesiva para las Cajas de Ahorros, a las que con car\u00e1cter general se les exigir\u00e1 el 10% a diferencia de los bancos a los que se les demandara el 8%. <\/p>\n

Como quiera que la \u00fanica forma de reducir del 10% al 8% es convirti\u00e9ndose en un Banco y situar en manos de terceros al menos el 20% del capital, se fuerza de esta manera discriminatoria a las Cajas de Ahorro a convertirse en Bancos, abandonando las formas de actuar que les son propias, y con ello la supresi\u00f3n de la obra social. <\/p>\n

 <\/span>Y todo ello, con car\u00e1cter inmediato, con el objetivo, como se dice en la propia norma, de acelerar la fase final de los procesos de reestructuraci\u00f3n de la entidades<\/b>, cuando, tras los test de estr\u00e9s realizados por la Uni\u00f3n Europea en julio del 2010, el sector financiero espa\u00f1ol y sobre todo las Cajas de Ahorros han experimentado un proceso de transformaci\u00f3n que como se reconoce en la propia norma, ha pasado de contar con 45 entidades individuales, con un tama\u00f1o medio de 28.504 millones de euros, a situarse ahora en tan s\u00f3lo 17 entidades o grupos de entidades con una reducci\u00f3n m\u00e1s que significativa de sucursales y de personal con m\u00e1s de 1500 sucursales cerradas y una p\u00e9rdida de 15.000 empleos. Y adem\u00e1s est\u00e1n previstas por parte de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) unas nuevas pruebas de resistencia, por supuesto, con las exigencias vigentes en la Uni\u00f3n Europea, que se efectuar\u00e1n en los pr\u00f3ximos meses. <\/p>\n

La norma en cuesti\u00f3n, evidencia una vez m\u00e1s su verdadero objetivo de acabar con el modelo de las Cajas de Ahorros como entidades financieras cuando favorece la constituci\u00f3n de nuevos bancos y cooperativas de cr\u00e9dito que absorban el negocio de otras entidades de cr\u00e9dito, al eliminar las limitaciones temporales que exist\u00edan hasta ahora para dicho tipo de entidades, excluyendo de este mismo trato favorecedor a las Cajas de Ahorros de nueva creaci\u00f3n. Tampoco estar\u00e1n sujetos a dichas limitaciones temporales los bancos de nueva creaci\u00f3n, filiales de una entidad de cr\u00e9dito domiciliada en la Uni\u00f3n Europea         <\/span>( Disposici\u00f3n Adicional Segunda del Real Decreto-ley 2\/2011 ). <\/p>\n

As\u00ed mismo, se establecen medidas discriminatorias respecto de las Cajas de Ahorro cuando de establece que la solicitud de actuaci\u00f3n del FROB por parte de las Cajas de Ahorros exige el traspaso de su actividad financiera a un banco, lo  <\/span>que no ocurre con las sociedades cooperativas de cr\u00e9dito. ( Art\u00edculo 11 del Real Decreto-ley 9\/2009, en la redacci\u00f3n dada por el Real Decreto-ley 2\/2011 ) <\/p>\n

Hoy podemos afirmar que no hay dudas que disipar acerca de la solvencia del sistema financiero espa\u00f1ol y que los procesos de reestructuraci\u00f3n necesarios est\u00e1n ya, o concluidos o camino de concluirse, todo ello conforme a las directivas comunitarias que regulan la materia en la actualidad y que inspiradas en los acuerdos de Basilea II han sido adecuadamente transpuestas al ordenamiento jur\u00eddico espa\u00f1ol vigente.: <\/p>\n

– <\/span>Directiva 2006\/48\/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativa a la actividad de las entidades de cr\u00e9dito y a su ejercicio, posteriormente modificada, que fue transpuesta mediante la Ley 36\/2007, de 16 de noviembre por la que se modifica la Ley 13\/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversi\u00f3n, recursos propios y obligaciones de informaci\u00f3n de los intermediarios financieros y otras normas del sistema financiero, desarrollada por el Real Decreto 216\/2008, de 15 de febrero, de recursos propios de entidades <\/span>financieras. <\/p>\n

– <\/span>Directiva 2006\/49\/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, sobre la adecuaci\u00f3n de capital de las empresas de inversi\u00f3n y las entidades de cr\u00e9dito, que se transpuso mediante la Ley 47\/2007, de 19 de diciembre, por la que se modific\u00f3 la Ley 24\/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, desarrollada por el Real Decreto 216\/2008, de 15 de febrero, de recursos propios de entidades financieras. <\/p>\n

En relaci\u00f3n con esta normativa y en desarrollo de la misma se emitieron la Circular 12\/2008 de la CNMV, de 30 de diciembre, sobre solvencia de las empresas de servicios de inversi\u00f3n y sus grupos consolidados y la Circular 3\/2008 del Banco de Espa\u00f1a, de 22 de mayo, sobre determinaci\u00f3n y control de los recursos propios m\u00ednimos. <\/p>\n

Con posterioridad, las directivas antes citadas se vieron modificadas por la Directiva 2009\/111\/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, en lo que respecta a los bancos afiliados a un organismo central, a determinados elementos de los fondos propios, a los grandes riesgos, al r\u00e9gimen de supervisi\u00f3n y a la gesti\u00f3n de la crisis. <\/p>\n

Hay que decir que en aplicaci\u00f3n del conjunto de esta normativa en vigor, y actualizada en funci\u00f3n de la crisis econ\u00f3mica, las exigencias de capital principal, en t\u00e9rminos de equivalencia, toda vez que la definici\u00f3n del concepto no est\u00e1 fijada con los mismos criterios que los adoptados en los acuerdos de Basilea III, no excede del 6 por ciento. <\/p>\n

Es el propio Banco de Espa\u00f1a el que en la nota informativa que hizo p\u00fablica inmediatamente despu\u00e9s de la convalidaci\u00f3n por el Congreso de los Diputados del Real Decreto-Ley 2\/2011, el que, haciendo p\u00fablica la situaci\u00f3n de solvencia de todas y cada una de las entidades financieras, pone de manifiesto la suficiencia del sistema financiero espa\u00f1ol, en el que s\u00f3lo un porcentaje nada significativo de entidades financieras se encuentran con algunas dificultades para las que, seg\u00fan dicha nota, ya est\u00e1n previstas por las propias entidades y aceptadas por el propio supervisor las soluciones a dichas dificultades. <\/p>\n

Es a pesar de todo lo dicho, que ahora, el ejecutivo cambia las reglas del juego, <\/span>introduciendo en una norma con rango de ley los criterios de capitalizaci\u00f3n que los acuerdos de los Bancos Centrales y de los Supervisores de Basilea III, de 12 de septiembre de 2010, han previsto que deber\u00edan aplicarse a partir del a\u00f1o 2013. Es decir, que con un absoluto desprecio al principio de seguridad jur\u00eddica <\/span>consagrado en el art\u00edculo 9.3 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola y sin esperar a que la <\/span>Uni\u00f3n Europea adopte o no los acuerdos de Basilea III a trav\u00e9s de una norma jur\u00eddica, nos encontramos con que las entidades financieras espa\u00f1olas ya han de cumplir con lo que no tienen que cumplir ninguna otra de ning\u00fan otro pa\u00eds de <\/span>la Uni\u00f3n. <\/p>\n

A nadie se le escapa la desventaja competitiva que esto supone para las entidades financieras espa\u00f1olas respecto de las del resto de los pa\u00edses de la Uni\u00f3n Europea que al d\u00eda de hoy a\u00fan se rigen por las normas comunitarias en vigor, inspiradas en los acuerdos de Basilea II, no s\u00f3lo en sus propios pa\u00edses, sino que seg\u00fan el propio Real Decreto-Ley 2\/2011, tambi\u00e9n las sucursales en Espa\u00f1a de las entidades financieras de los pa\u00edses comunitarios van a verse favorecidos respecto de las entidades financieras espa\u00f1olas al no resultarles de aplicaci\u00f3n las mayores exigencias de capital contenidas en el mismo, quebrando con ello el principio de competencia que no es s\u00f3lo un elemento consustancial del modelo de organizaci\u00f3n econ\u00f3mica de nuestra sociedad, sino que es la m\u00e1s importante forma en que se manifiesta el ejercicio de la libertad de empresa, siendo la defensa de la competencia un mandato a los poderes p\u00fablicos que emana directamente del art\u00edculo 38 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola, desarrollado por la Ley 15 \/ 2007, de 3 de Julio, de Defensa de la Competencia. <\/p>\n

A todo ello hay que a\u00f1adir que no s\u00f3lo en criterio de los firmantes, sino tambi\u00e9n del Banco Central Europeo, el gobierno de Espa\u00f1a no ha medido el impacto que sobre la econom\u00eda en general puede tener las medidas adoptadas en cuanto a las exigencias de capital principal. <\/p>\n

Una vez publicado en el B. O. E., el Real Decreto-Ley 2\/2011, el 3 de marzo de 2011 la Secretar\u00eda de Estado de Econom\u00eda de Espa\u00f1a solicit\u00f3 del BCE un  <\/span>dictamen acerca del contenido de la norma. <\/p>\n

El Banco Central Europeo en su Dictamen de 9 de Marzo de 2011 se\u00f1ala en primer lugar que tanto la competencia consultiva del BCE como la obligaci\u00f3n de consulta de los gobiernos de los estados miembros de la U.E. dimanan del art\u00edculo 127.4 del Tratado de Funcionamiento de la Uni\u00f3n Europea y en la Decisi\u00f3n 98\/415\/CE y est\u00e1 referido a los proyectos <\/b>de disposiciones legales. <\/b>Por ello, se\u00f1ala el BCE que una vez que el Real Decreto-Ley ya ha entrado en vigor a la fecha de solicitud del dictamen, \u00e9ste se emite con esa salvedad y se orienta al debate parlamentario para la convalidaci\u00f3n del R. D .L ., y a cualquier enmienda al mismo y a su ulterior desarrollo, recordando a las autoridades espa\u00f1olas acerca de la necesidad y la obligaci\u00f3n de velar por el cumplimiento efectivo de la Decisi\u00f3n 98\/415\/CE, que no es otra cosa que cumplir con el deber de consultar al BCE, formulando sus consultas en una fase apropiada del proceso legislativo. <\/p>\n

Este reproche del BCE al gobierno de Espa\u00f1a se realiza a\u00fan sin saber el BCE que en absoluto era la intenci\u00f3n del gobierno tramitar el R. D. L. 2\/2011 como proyecto de ley, tal y como le posibilita el art\u00edculo 86.3 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola, sino que fue sometido a debate y votaci\u00f3n de totalidad en el Congreso de los Diputados, al d\u00eda siguiente de la emisi\u00f3n del dictamen, sin posibilidad por tanto de que los grupos parlamentarios presentasen enmienda alguna. <\/p>\n

Desde el punto de vista del fondo del asunto, el dictamen del Banco Central Europeo se\u00f1ala que : \u201c el R. D. Ley 2\/2011 establece varias posibilidades de capitalizaci\u00f3n para todas las entidades y medidas espec\u00edficas de capitalizaci\u00f3n para las Cajas de Ahorros, y contiene unas normas de aplicaci\u00f3n con un calendario muy exigente \u201c <\/b>, para a\u00f1adir m\u00e1s adelante que \u201c \u2026.el adelanto de unos dos a\u00f1os respecto del calendario global de aplicaci\u00f3n del Acuerdo de Basilea III sobre capital de las entidades de cr\u00e9dito podr\u00eda ser complicado para estas e incrementar el riesgo de efectos negativos transitorios en los flujos de cr\u00e9dito a la econom\u00eda real. <\/p>\n

Debe tenerse en cuenta que los estudios del Comit\u00e9 de supervisi\u00f3n bancaria de Basilea y del Grupo de evaluaci\u00f3n macroecon\u00f3mica de la JEF han concluido que la introducci\u00f3n del Acuerdo de Basilea III con el planteamiento gradual previsto tiene unos costes macroecon\u00f3micos transitorios relativamente modestos. Este no ser\u00eda el caso de la introducci\u00f3n acelerada prevista en el Real Decreto-Ley. Los efectos mencionados deber\u00edan, no obstante, examinarse detenidamente en vista de la especial situaci\u00f3n de la econom\u00eda espa\u00f1ola. Adem\u00e1s, debe tenerse en cuenta que el Comit\u00e9 de Basilea opt\u00f3 por medidas transitorias precisamente para conciliar las necesidades de mayor estabilidad financiera y disponibilidad de cr\u00e9dito \u201c . <\/p>\n

A la vista de lo dicho, parece m\u00e1s que evidente que para la autoridad monetaria europea, la introducci\u00f3n de mayores exigencias de capital a las entidades financieras, antes de lo previsto por el Acuerdo de Basilea III supone dos riesgos que no se han valorado. El primero de ellos es que no haya el suficiente flujo de cr\u00e9dito a empresas y particulares con su consiguiente repercusi\u00f3n negativa en las econom\u00edas a nivel microecon\u00f3mico, a\u00fan m\u00e1s en un momento como el actual de tendencia al alza de los tipos de inter\u00e9s, y el segundo de ellos y en relaci\u00f3n directa con el anterior es la repercusi\u00f3n que el adelantamiento de dichas exigencias de capital a las entidades financiera va a tener sobre el Producto Interior Bruto en Espa\u00f1a.  <\/span><\/p>\n

Sobre este particular de la incidencia de la medidas adoptadas en el Producto Interior Bruto, cabe decir que, teniendo en cuenta que las exigencias de los Acuerdos de Basilea III, para el a\u00f1o 2011 no llega al 4 por ciento y que por lo tanto el diferencial con dicho porcentaje es de entre 4 y 6 puntos porcentuales y que por cada punto de diferencial de requerimiento de capital principal, la ca\u00edda del PIB es de 0,16 por ciento, nos encontraremos con que en un escenario a cuatro a\u00f1os, la ca\u00edda del PIB ser\u00e1 de entre el 0,64 y el 0.96 puntos y en un escenario a dos a\u00f1os la ca\u00edda del PIB ser\u00e1 de entre 0,88 1,32 puntos seg\u00fan se desprende el estudio ( Final Report, Assessingo the macroeconomic impact of the transition to stronger capital and liquidity requirements elaborado por the Financial Stability Board and the Basel Committee on Banking Supervision. ) . <\/p>\n

No en vano y precisamente para evitar este impacto sobe el PIB, los propios acuerdos de Basilea III consideran que la implementaci\u00f3n de las exigencias de capital principal que contiene debe realizarse paulatinamente en un per\u00edodo de ocho a\u00f1os mientras que en el Real Decreto-Ley 2\/2011 se imponen en menos de un a\u00f1o. <\/p>\n

En resumen, entendemos que con infracci\u00f3n de preceptos constitucionales adem\u00e1s de normativa comunitaria, el Real Decreto-Ley, a todas luces innecesario e inconveniente, supone un empeoramiento de la situaci\u00f3n econ\u00f3mica espa\u00f1ola y la eliminaci\u00f3n de uno de los modelos de entidad financiera, las Cajas de Ahorros y la desaparici\u00f3n por tanto, de la obra social de las mismas, lo que constituye nuestro mayor objeto de preocupaci\u00f3n. <\/p>\n

Es por todo lo expuesto, por lo que SOLICITAMOS DE LA INSTITUCI\u00d3N DEL DEFENSOR DEL PUEBLO <\/b>que teniendo por presentado este escrito, y en su virtud, tenga a bien interponer, ante el Tribunal Constitucional, Recurso de Inconstitucionalidad contra el Rea Decreto-Ley 2 \/ 2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero, publicado en el B. O. E. de fecha de 19 de febrero de 2011, en los extremos que se contienen en el cuerpo del presente escrito.                                   <\/span><\/span>                         Madrid, 29 de abril de 2011<\/span><\/b> <\/p>\n

COMFIA-CC.OO. \/ FES-UGT \/ CSICA \/ CIC \/ EAPN-ES \/ POAS \/ <\/span>PVE <\/span>CERMI \/C.ONG.D-E \/ CECU FACUA CEACCU \/ADICAE<\/span><\/p>\n

<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/b><\/b><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/b><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Solicitud de interposici\u00f3n de RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD, ante el Tribunal Constitucional, contra el Real Decreto-Ley 2 \/ 2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero.                     AL DEFENSOR DEL PUEBLO     D. 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