{"id":10144,"date":"2013-12-26T23:15:16","date_gmt":"2013-12-26T22:15:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ccooservicios.es\/ibercaja\/circulares-sindicales\/camino-de-servidumbre\/"},"modified":"2013-12-26T23:15:16","modified_gmt":"2013-12-26T22:15:16","slug":"camino-de-servidumbre","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ccooservicios.es\/ibercaja\/noticias\/camino-de-servidumbre\/","title":{"rendered":"Camino de servidumbre."},"content":{"rendered":"

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La ley de seguridad ciudadana, La ley de Seguridad Privada y la Reforma ultraconservadora del C\u00f3digo Penal, tres pilares en la represi\u00f3n y mordaza de los derechos ciudadanos.<\/p>\n

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El anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana (ALSC) es en realidad un proyecto represivo del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades p\u00fablicas de la ciudadan\u00eda, con objeto de evitar cualquier oposici\u00f3n ciudadana libre y p\u00fablica a las pol\u00edticas austericidas que azotan a las clases sociales m\u00e1s desfavorecidas. <\/p>\n

No est\u00e1 justificada su necesidad por ninguna de las razones expuestas en su exposici\u00f3n de motivos, a saber: <\/strong><\/p>\n

Ni el mero transcurso del tiempo de la ley anterior de 1992 o llamada Ley Corcuera, que por cierto ya abr\u00eda la puerta a la privatizaci\u00f3n de la seguridad ciudadana, ni los cambios sociales y las nuevas formas de poner en riesgo la seguridad ciudadana la demandan ya que si observamos las cifras de criminalidad, la tasa de criminalidad espa\u00f1ola est\u00e1 muy por debajo de la media de la UE, que es de 64,9 infracciones penales por cada mil habitantes, en Espa\u00f1a de 50 (datos del a\u00f1o 2009). <\/p>\n

Tampoco existe una demanda social de actualizar el r\u00e9gimen sancionador en materia de seguridad ciudadana, salvo que la ley se dirija al exiguo 0.2% de la poblaci\u00f3n que considera la seguridad ciudadana como el primer problema actualmente existente en Espa\u00f1a, frente al 55,5 % que considera que es el paro o el 13,5 % que considera que es la corrupci\u00f3n y el fraude, seg\u00fan datos del propio Gobierno (Bar\u00f3metro CIS, julio 2013). <\/p>\n

La nueva ley que preparan sancionar\u00e1 conductas que hasta ahora figuraban como \u201cfaltas\u201d en el C\u00f3digo Penal y que ahora se convertir\u00e1n en \u201cinfracciones administrativas\u201d, castigadas con unas multas salvajes que el gobierno podr\u00e1 imponer a su antojo sin m\u00e1s apoyo que la sola palabra de la polic\u00eda y la guardia civil. De paso, eliminan de ra\u00edz las garant\u00edas judiciales, que incluyen la posibilidad de reclamar pruebas en el juicio y la no obligatoriedad de pagar la multa hasta que la infracci\u00f3n se considere judicialmente probada. <\/p>\n

Ahora ya no intervendr\u00e1 ning\u00fan juez, como los que han dado la raz\u00f3n a los manifestantes detenidos en las concentraciones ante el Congreso o en los escraches a pol\u00edticos. La multa ser\u00e1 ejecutiva desde el principio y, en caso de impago, el Gobierno podr\u00e1 embargar las cuentas o el sueldo del multado. Para recurrir ser\u00e1 necesario haber pagado previamente la multa y hacer frente a elevadas tasas judiciales. <\/p>\n

Atendiendo a tales datos la desproporci\u00f3n punitiva es el rasgo esencial de este proyecto de Ley Mordaza, ley esencialmente sancionadora, tanto cuantitativa como cualitativamente. <\/p>\n

Se invoca la Constituci\u00f3n y los derechos civiles y pol\u00edticos en cuya defensa el Estado ha de actuar en su defensa pero este gobierno reaccionario y thermidoriano lo que busca es vaciar de contenido la Constituci\u00f3n y los propios derechos de la ciudadan\u00eda: La ley restringe el ejercicio de derechos fundamentales, en particular los derechos de reuni\u00f3n y manifestaci\u00f3n, la libertad de expresi\u00f3n, el derecho de huelga y, lejos de introducir un equilibrio en el uso de las potestades exorbitantes de la administraci\u00f3n y el ciudadano, omite toda norma de garant\u00eda del ciudadano frente a la administraci\u00f3n, evitando la identificaci\u00f3n de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con la inconsistente excusa de garantizar su seguridad, sin exigirles, en ning\u00fan pasaje de la ley, que lleven visible un n\u00famero identificador cuando act\u00faan ejerciendo funciones de seguridad ciudadana, en las que es habitual el uso de la fuerza. <\/p>\n

De esta forma se propicia la impunidad de las actuaciones policiales en las que el uso de la fuerza (art.5 LO 2\/86) sea innecesario y\/o desproporcionado, llegando incluso a sancionar el uso de im\u00e1genes de los agentes que puedan \u201cponer en peligro su seguridad personal\u201d o \u201cel \u00e9xito de la operaci\u00f3n\u201d (art. 36.3 ALSC) lo cual permitir\u00e1, conforme al art.49.1 ALSC el decomiso de c\u00e1maras o m\u00f3viles utilizados para la captura de tales im\u00e1genes, imposibilitando as\u00ed toda prueba de los excesos que aqu\u00e9llos puedan cometer en el ejercicio de sus funciones y propiciando la impunidad de tales actuaciones. <\/p>\n

Como caracter\u00edsticas generales de la regulaci\u00f3n del ALSC, podemos trazar a grandes rasgos las siguientes: <\/strong><\/p>\n

– Aumento de las infracciones y agravamiento de las sanciones: casi se duplica en n\u00famero de infracciones pasando de 30 a 57 infracciones tipificadas. <\/p>\n

– Desproporci\u00f3n en las sanciones Las sanciones se agravan en su cuant\u00eda y se aumentan los plazos de prescripci\u00f3n de las mismas. Adem\u00e1s se obvia toda referencia al patrimonio del sancionado como criterio de graduaci\u00f3n de la sanci\u00f3n lo que supone un mayor castigo a las clases humildes y un acicate a las clases bien para infringir la seguridad ciudadana, pues proporcionalmente les saldr\u00e1 m\u00e1s barato. <\/p>\n

En uno de los m\u00faltiples casos contra Jaume Matas, una de las sanciones asciende s\u00f3lo a 9.000\u20ac. <\/p>\n

– Huida del control judicial: se evita el control r\u00e1pido de la justicia penal con una presunci\u00f3n de inocencia en su m\u00e1s amplio sentido y se env\u00eda al ciudadano sancionado a la justicia contenciosa, con pago de tasas y mayor demora resolutiva; y con la carga de destruir la presunci\u00f3n de veracidad de lo declarado por los agentes de la autoridad, lo que en la pr\u00e1ctica supone un completo desincentivo al ejercicio de la tutela judicial efectiva, ali\u00f1ado por la reducci\u00f3n de las sanciones al 50% en caso de conformidad. Adem\u00e1s, si bien pudiera parecer que despenalizar algunas faltas es una buena opci\u00f3n, desde el principio de la \u201cultima ratio del derecho penal\u201d, no lo es si la infracci\u00f3n administrativa correspondiente contiene mayor sanci\u00f3n que la infracci\u00f3n penal y sin las mismas garant\u00edas, como ocurre en m\u00faltiples supuestos. <\/p>\n

– Hipertrofia del llamado preventivismo: no s\u00f3lo se pretende prevenir delitos, sino tambi\u00e9n infracciones administrativas (art.3.i, ALSC). Existe una concreci\u00f3n incorrecta de la seguridad ciudadana en la mera vulneraci\u00f3n de normas del ordenamiento jur\u00eddico, pues la infracci\u00f3n de tales normas, mientras no supongan un peligro para personas, bienes o la tranquilidad y el orden ciudadano no ser\u00edan justificantes de intervenci\u00f3n. Estamos ante un \u201crevival casposo\u201d de la ley de vagos y maleantes franquista. <\/p>\n

– Persecuci\u00f3n de formas de protesta ciudadana pac\u00edfica: encierros, corte de v\u00edas p\u00fablicas, escraches, despliegue de pancartas en edificios p\u00fablicos, manifestaciones ante sedes parlamentarias sin actividad, manifestaciones de empleados p\u00fablicos con ropa de servicio son perseguidos con una intensidad obsesiva (vid, entre otros: art.35.3, art.35.4 , art.35.5, art. 35.8, art 35.29, art.36.2, art.36.8 ALSC) <\/p>\n

– Persecuci\u00f3n del ejercicio de derechos fundamentales: como el ejercicio de la libertad de informaci\u00f3n mediante las denuncias de corrupci\u00f3n de autoridades o instituciones p\u00fablicas, que si se consideran calumniosas ser\u00e1n susceptibles de sanci\u00f3n inmediata (art. 36.5 ALSC), el deslucimiento leve de mobiliario urbano: colgar carteles o grafittis (art.36.14 ALSC), la recogida de firmas o campa\u00f1as de concienciaci\u00f3n mediante tenderetes (art.36-15 ALSC); las acampadas de protesta, tipo movimiento 15-M (art. 36.15 ALSC); la huelga, incluyendo entre los fines de la norma sancionadora la garant\u00eda de prestaci\u00f3n de servicios esenciales a la comunidad (art.3.g) ALSC), la libre circulaci\u00f3n (art.19 CE), posibilitando controles, registros, identificaciones o cacheos para investigar toda \u201cacci\u00f3n ilegal o contraria al ordenamiento jur\u00eddico id\u00f3nea para provocar alarma social\u201d (art.17.2 ALSC). <\/p>\n

– Fijaci\u00f3n de las bases de un estado policial: incremento del deber de colaboraci\u00f3n ciudadana con las FCS bajo imposici\u00f3n de sanciones (arts. 16.6; 23 y 35.18 ALSC) y sobreprotecci\u00f3n de los miembros de las FCS sin garant\u00edas de su identificaci\u00f3n num\u00e9rica en sus actuaciones, facilitando as\u00ed la impunidad del uso de la violencia innecesario o desproporcionado. <\/p>\n

El propio Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks ha tachado de desproporcionado este anteproyecto de ley de seguridad ciudadana y dice que va en contra del derecho de reuni\u00f3n y de manifestaci\u00f3n consagrados en la Carta Europea de Derechos Humanos y pide al gobierno que \u201cdeje de culpar a la poblaci\u00f3n de los problemas sociales que genera la crisis econ\u00f3mica\u201d y las pol\u00edticas austericidas de agravamiento de malestar social. <\/p>\n

El Comisario europeo se\u00f1ala que seguir\u00e1 muy de cerca como evoluciona el proyecto en su tramitaci\u00f3n parlamentaria porque \u201cla libertad de manifestar el desacuerdo con las medidas de un gobierno debe ser respetada y protegida por los tribunales\u201d. <\/p>\n

Este ya es el segundo tir\u00f3n de orejas a este Gobierno desde Europa en lo que va de a\u00f1o puesto que en Octubre pasado un informe del Consejo de Europa sobre los Derechos Humanos en Espa\u00f1a se\u00f1alaba el \u201cuso desmesurado de la fuerza en los cuerpos de seguridad del estado, sobretodo a ra\u00edz de las im\u00e1genes difundidas por todo el mundo de la represi\u00f3n de las manifestaciones de Madrid y Barcelona. <\/p>\n

En conclusi\u00f3n, lo que revela este anteproyecto, junto al anteproyecto de c\u00f3digo penal, es una escalada represiva brutal, que pretende acallar toda protesta pac\u00edfica, blindar el poder pol\u00edtico frente a toda cr\u00edtica y manifestaci\u00f3n, y someter a los ciudadanos al terror punitivo de un Estado que ha dejado de ser social, que est\u00e1 en plena crisis de democracia y que huye del control judicial, pues necesita auto-protegerse frente a una ciudadan\u00eda cada d\u00eda m\u00e1s consciente e informada de esta realidad. <\/p>\n

Privatizando adem\u00e1s la seguridad ciudadana, habiendo limitado previamente la oferta de empleo p\u00fablico por oposici\u00f3n a los cuerpos de seguridad del Estado, pues ya no se cubren ni las bajas por jubilaci\u00f3n. <\/p>\n

Se est\u00e1 privatizando el Estado para repartirlo entre las empresas de amigos y propios en un pa\u00eds que seg\u00fan el \u00faltimo informe de corrupci\u00f3n de Naciones Unidas es percibido como el n\u00famero dos del ranking mundial.<\/p>\n

Javier Mart\u00ednez. <\/strong>Licenciado en Derecho y Master en Econom\u00eda<\/em><\/span><\/span><\/p>\n

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